LOS PUEBLOS INDÍGENAS, REFORMA AGRARIA, CÓDIGO DE MINAS Y REFORMA A LA CARS.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS,  REFORMA AGRARIA, CÓDIGO DE MINAS Y REFORMA A LA CARS.

Armando Valbuena - Indígena Wayuu.
Sabio Indigena de la Humanidad UNESCO/IIESALD 2009
Ex-presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC.

Estamos en una década donde el Pacto Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, -PIDESC- empiezan a ser desmontados en los países europeos ante la crisis   vivida  hoy por los ciudadanos Griegos, para beneficiar a los grandes centros financieros colocando a los gobiernos bajo la tutela de los bancos y las directrices de la Eurozona, con el visto bueno de los gobiernos beneficiarios de los desordenes burocráticos del despilfarro, corrupción y demás, sumado a ello la crisis del gobierno de los Estados Unidos, quien paulatinamente pierde la guerra en Afganistán luego del caos creado en Irán, con sus únicas guerras ganadas la de Panamá y Granada.

Para los Pueblos Indígenas,  afro descendientes, campesinos y el pueblo colombiano en general bajo la observación de la Corte Constitucional en su sentencia T-025, los autos 004, 005, 251, 092 y demás entre ellos el auto 283  en su  orden 18 obliga a incluir en  los Planes de Desarrollo de las entidades departamentales y municipales el cumplimiento para la superación del estado de cosas Inconstitucionales (ECI) de tal manera se dé inicio al Goce Efectivo de los Derechos de la victimas enunciadas en la ley de Victimas y Restitución de tierras, el comportamiento gubernamental no es el ideal como lo demuestran las acciones reales y concretas expresadas en la continuidad de los asesinatos selectivos de quienes fueron despojados de sus bienes en las últimas décadas  demostradas en  los hechos del primer semestre del año en curso.

Ya empezamos a vivir lenta y sistemáticamente los efectos de la Ley de control  fiscal, cuando  los recursos para el cumplimiento de las Ley de víctimas y restitución de Tierras, empiezan a disminuir en el presupuesto nacional con las lógicas consecuencias de su incumplimiento, seguimos los caminos de la época de los tres siglos de la gobernabilidad castellana en donde las leyes se hacen pero no se cumplen, son los efectos del gobierno actual apoyado en su brazo político de la Unidad Nacional quien aprueba las leyes para su no cumplimiento, y cumpliendo solo las que interesan a las empresas multinacionales y sus bolsillos,  dejando la luz clara de la demagogia de los derechos humanos iniciada con las cuatro piedras de los pueblos indígenas en la Sierra Nevada, y continuada en el Congreso del Pueblo Indígena Embera, en el silencio de la solución del conflicto interno en territorio Awa, Coreguaje, wayuu de las márgenes del rio ranchería, Nasa en los municipios de Toribio, Corinto, Jámbalo, Silvia, kofanes y Sionas en la construcción de carreteras sin consulta previa, paros armados en territorios emberás, destrucción del hábitat Guahibo, Sálivas, iguanitos, o el proceso de desestructuración cultural del Pueblo Indígena Nukak-Maku, para no mencionar los afectados por el Coltan o la realidad en el Catatumbo.

El contenido del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC- en su preámbulo expresa:” Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,” es un enunciado del orden constitucional y además hace parte del bloque de constitucionalidad, es un principio básico del orden universal el cual no se llevado a cumplimiento y que hoy la Corte Constitucional le recuerda al gobierno colombiano sus deberes para los ciudadanos quien de  manera irracional, es burlado  y  mancillado por los miembros del senado y cámara que hacen parte de la Unidad Nacional dirigido y ordenado desde el Palacio de Nariño, es este un gobierno grosero y falaz, solo interesado en sacar adelante sus locomotoras para lo cual consideran indispensable una reforma agraria, minera y ambiental y así poder generar la continuidad del estado para el solo usufructo de las familias gobernantes en donde el 1% posee la propiedad de la tierra.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC- en las últimas décadas no se ha cumplido y hoy cuando  la corte ordena cumplirlos  para con las victimas entonces recorta el presupuesto para su no cumplimiento, es allí su grosería y falacia, todo es sencilla demagogia, el gobierno griego quebró y asume el endeudamiento de más de 100 millones dólares a beneficio de los grandes bancos sacrificando los DESC de la ciudadanía, Colombia tiene una deuda externa superior a los 70 millones de dólares, el gobierno nada hace para superar esta deuda y sacrifica la dignidad de los ciudadanos, el territorio y los bienes de los Pueblos Indígenas, afros descendientes, y poco o nada hace para la restitución de las tierras de los campesinos despojados, pero se prepara para las reformas de la Ley agraria, minera y ambiental y poder garantizar el usufructo de las empresas multinacionales con nuestros bienes de la biodiversidad, minera, agraria etc.

Se está resquebrajando el “estado de Bienestar” europeo y la sentencia judicial de la Corte Constitucional en su Auto 025 de enero del 2009, para superar el estado de cosas inconstitucionales e iniciar el proceso del Goce Efectivo de los Derechos aun dista mucho para el  cumplimiento de los DESC, bajo la responsabilidad del actual gobierno, los Pueblos Indígenas quienes nos encontramos en desplazamiento, riesgo de desplazamiento y en riesgo  de extinción, y por lo tanto vulnerable entre los más vulnerables, con grandes dificultades para el goce Efectivo de los derechos Fundamentales,  a pesar de ser parte constitutiva de la fundamentación de las instituciones y que son los condiciones para el ejercicio del poder las cosas no son nada agradables en el marco de las cinco locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo.

Los Pueblos Indígenas, quienes pasamos de ser salvajes, semisalvajes y civilizados bajo la Tutela de la Ley 89 de 1890, fundamentada en ese entonces en el Uso y Goce de los Derechos Civiles y Políticos, a gozar de la ciudadanía igual que todos los campesinos, estudiantes, obreros etc., al constituirse el estado multiétnico y pluricultural, entonces ahora  los derechos cada día se está menoscabando el Uso y Goce de los derechos sociales muy a pesar de la existencia de mandatos judiciales para su cumplimiento, y eso se realiza mediante actos legislativos como lo es la ley de control fiscal donde se  construye y perfecciona la inacción del estado, recortando el presupuesto nacional y limitando de esta manera los derechos a una vivienda digna, servicios públicos, tenencia de la tierra, salud, educación, trabajo etc., retorno y restitución de tierras.

Los Pueblos Indígenas, quienes solo llevamos dos décadas en el Uso, Goce de los Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos Sociales y Políticos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Ley 21 de 1991 por lo menos en las normatividades, ahora  estamos bajo la sentencia judicial de la corte constitucional quien ha considerado nuestra situación de victimas y ha responsabilizado al Gobierno Nacional de ser victimario, nos vemos afrontados a la Ley de control  Fiscal, a los planes de de desarrollo departamentales y municipales  sin consulta previa y además al monstruo de los cinco tentáculos que nos presionan para el proceso de consulta previa y la cual se nos quiere aplicar en contra de los mandatos constitucionales, normativos y jurisprudenciales  para favorecer el capital extranjero con el apoyo de las instituciones oficiales quienes lideran estos procesos de manera particular el Ministerio de Minas y Energía, del Ministerio de Agricultura y Ministerio del Medio ambiente bajo la coordinación del Ministerio del Interior y de Justicia, quien ha creado la dirección de Consulta previa, que para  su accionar lo realiza con  recursos de las empresas interesadas, y muchos casos con funcionarios contratados por el tiempo necesario de determinados procesos.

Ante la gravedad de esta situación es bueno recordar que las organizaciones CRIC, CRIT, CRIVA, CRIGUA, etc., nacidas de la necesidad de defender derechos organizativos, políticos y sociales de los Pueblos Indígenas dieron a luz la Organización Nacional Indígena ONIC, mediante procesos de lucha, movilizaciones en el orden  local, regional, nacional e internacional y con ello sus resultados se fueron concretando en distintos acuerdos políticos, resoluciones, decretos, decretos-leyes, leyes y la constitución nacional, y han sido participes de jurisprudencias que han marcado nuevos rumbos mediante  sub-reglas emitidas hasta el presente, entre este proceso resaltamos la importancia de los cuarenta días y noches de 1996 en la conferencia episcopal colombiana  arrojando como resultado los decretos 1396 y 1397 en la conformación de la Mesa Permanente de Concertación, la Mesa Nacional de Derechos Humanos y la Mesa Nacional de Territorios, y años después en cumplimiento de sentencia judicial fue creada la Mesa de los Pueblos Indígenas de la Amazonia.

Estos espacios vienen del proceso de lucha en las carreteras, en el territorios, en los edificios públicos,  llegándose a concretar en espacios de diálogo y concertación con resultados regulares, jamás y nunca en la historia de los Pueblos Indígenas los derechos fundamentales han sido reconocidos por el Gobierno Nacional en voluntad política, siempre ha sido la constancia de los procesos organizativos en medio de las luchas, en donde los asesinatos colectivos, individuales, encarcelamientos, señalamientos y persecuciones, despojos, falsedad de documentos de propiedad e intimidación colectiva no han sido ajenos, este es el comportamiento en los dos siglos de gobernabilidad de la Republica hoy bajo la bandera de las locomotoras.

Nuestro destino siempre ha sido discutido de manera interna en los congresos de las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales con la presencia de los sectores sociales a quienes hemos entendido mediante la escucha de sus realidades agrarias, mineras y ambientales, nunca hemos estado desconectados de la realidad social de los colombianos, de allí que hayamos participado en los distintos procesos directa e indirectamente por encima de las diferencias culturales, políticas o sociales.

Es necesario colocar en estos momentos en todos los espacios de análisis,  discusión, de concreción de tareas desde el orden de lo local que significa llegar a los 102 pueblos desde el pueblo Wayuu, hasta el Pueblo Eperara Siapidara, para seguir por los Awa, Tanimukas, cubeos, curripacos, uwas y yukpas para no mencionar a otros pueblos fronterizos y  quienes  sobreviven  al interior del país, al lado de los sectores sociales, y de los colombianos también, para conocer  la realidad de lo vivido cotidianamente y llegue a las organizaciones regionales, macroregionales y nacionales para así tener claridad pragmática  de tal manera que la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos indígenas así como la Mesa de los Pueblos Indígenas de la Amazonia  pueda encontrarse con la realidad del despojo, asesinatos colectivos y selectivos, amenazas en el actual gobierno de la Ley de víctimas y restitución de tierras, quien va hacia adelante con sus locomotoras por encima de los pueblos indígenas.

Estas tres reformas van a afectar los derechos humanos fundamentados en la dignidad de la persona humana quienes la poseemos en calidad de personas y no otorgados por conveniencias políticas, es un mandato universal y es a partir de allí donde el actual gobierno debe comenzar los diálogos en el reconocimiento del Goce Efectivo, Real y Concreto acorde a los mandatos constitucionales sin contaminación de corrupción que hace inclinar las decisiones de los funcionarios públicos contra el interés general de los Pueblos Indígenas y de los Colombianos también.

La Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas y el Gobierno Colombiano, integrado por representaciones de las organizaciones nacionales y regionales y miembros de las macroregiones en donde reposa la dignidad humillada y perseguida, masacrada y señalada, despojada y engañada, de los Pueblos Indígenas debe elevar su voz de protesta ante la inacción del estado para el cumplimiento de las normatividades constitucionales y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como son los procesos de consulta previa en los planes de desarrollo departamentales y municipales, sin dejar de recordar que el Plan Nacional de Desarrollo fue consultado por sentencia judicial, no por voluntad política, deben suspenderse los procesos de consulta que se están ejecutando a todo lo largo y ancho del país como meros actos formales y administrativos en donde no se conocen las realidades de los impactos sociales, económicos y culturales de las megaobras en el orden minero, agroindustrial e hidrocarburos.

Compañeros la responsabilidad es de gran envergadura, y es bueno detenerse un poco y bajar a las regiones, a los pueblos y no debe ser preocupación nuestra si el gobierno tiene o no tiene recursos, nuestra responsabilidad es con los pueblos indígenas, con las nuevas generaciones, no podemos permitir la desestructuración cultural aun mas cuando existen sentencias judiciales que responsabilizan al gobierno de estos hechos, quien sigue dilatando su cumplimiento en la más pura demagogia.

Armando Valbuena Goauriyu.

Sabio Indígena de la Humanidad Unesco 2009.

Ex presidente de la ONIC.

E-mail: armandogoauriyu@yahoo.com.mx