Territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas, esencia de inviolabilidad del lazo de nuestra dignidad para enfrentar la realidad y crudeza de los diálogos de paz.

Territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas, esencia de inviolabilidad del lazo de nuestra dignidad para enfrentar la realidad y crudeza de los diálogos de paz.

“Sobre la desnudez fuerte de la Verdad, el manto diáfano de la fantasía.”

Los Pueblos Indígenas al caer en   la Guerra con Castilla, perdimos el dominio del territorio y los bienes de nuestras propiedades incluidos los   componentes del subsuelo entre ellas los  minerales (oro, diamantes, esmeraldas etc.,), causando también el deterioro de  nuestras leyes  y sus correspondientes normas morales de formación cotidiana;  quienes ganaron  la guerra pusieron en duda nuestra esencia de seres humanos y por la tanto la  exclusión de derechos, ya sean en nuestras Leyes y Leyes castellanas, de allí el “limbo” de si las personas de los Pueblos Indígenas tenían o no el acceso al goce de la ciudadanía.

Esto fue resuelto por el “ala progresista” de la época encabezada por el dominico Francisco de Vittoria ante la entidad político-administrativa del naciente Imperio español bajo el mandato del rey, quien con argumentación ideológica cristiana fundamentada en el concilio de Jerusalén del año 46 hasta el anterior de Trento, igual que  el antiguo y nuevo testamento, demostró que las personas de las naciones indígenas son seres humanos y por lo tanto ciudadanos con derechos al goce de  vida en calidad de plebeyos.

Fue necesario que esta fundamentación sustentara  elementos del derecho a una Guerra Justa, a la libre autodeterminación de los pueblos, al derecho natural y el derecho de gentes, y se da inicio por parte del derecho castellano al goce de derechos para lo cual fue necesario la implementación delDerecho Indiano, escenario dominante de los  ganadores de la guerra, para estructurar el sistema político-administrativo del nuevo imperio en las tierras ancestrales de los Pueblos Indígenas, entre ellos el pueblo indígena Ette enaka, (conocido en el proceso de castellanización como   Chimilas) y se da inicio el respeto y amparo al derecho y las formas de explotación de la tierra.

El sistema jurídico Castellano en la Legislación para el Abya Yala, conocida como derecho indiano, por ejemplo en el Titulo 3º, libro 6º, de la recopilación de 1690, reconoce  sistemas de gobierno autóctono, respetando las costumbres, solo para mencionar una entre muchas, ello tuvo vigencia hasta la expedición de la Ley del 11 de octubre de 1821, que se convierte en el primer estatuto sobre la propiedad en el nuevo estadio de vida por la que atravesamos los Pueblos indígenas con la creación de la República de pensamiento liberal traído de Europa, pensamiento liberal fundamentado en el Goce y Uso de la propiedad privada.

De allí en adelante se crean varias constituciones y en cada momento que se menciona el uso y goce de los derechos civiles y políticos de los Pueblos Indígenas, se va postergando y aplazando trascendental situación hasta que en el año de 1886 se presenta un proyecto de ley para el uso y goce de los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas el que finalmente se aprobó luego de tres años de debate y nos consideró ciudadanos en tres niveles: salvajes, semisalvajes y civilizados, bajo la tutoría político-administrativa y jurídica de la iglesia Católica: la Ley 89 de 1890.

Tres siglos de relación con el reinado de castilla que con el usufructo de nuestros bienes construyo el Imperio español, vivimos el despojo de los bienes de nuestros territorios, perdimos guerras y batallas, fueron asesinados nuestros líderes políticos y militares, exterminadas algunas culturas, se extermino a intelectuales de manera colectiva y selectiva,  a  estrategas militares,  violadas las mujeres,  despojada la propiedad, y se elimino paulatinamente mediante el proceso de castellanización las lenguas ancestrales, todo en medio de la guerra cuyas expresiones continuaron  con la nueva república,  se manifestaron a comienzos de  1900 por parte del Pueblo indígena Huitoto, o en 1971 por el Pueblo indígena wayuu en Manaure, o por el pueblo indígena Yukpa en el año 2012. (!!)

Las constituciones en Colombia desde 1810 siempre han sido construida en el marco de las guerras internas y luego de formalizada, el conflicto interno ha continuado, el despojo de las tierras a los Pueblos Indígenas nunca se ha detenido ni siquiera con la Constitución de 1991, se han realizado distintos procesos de paz,  han asesinado y perseguido a  firmantes de los acuerdos, se ha exterminado a partidos políticos físicamente como lo fue el Partido Unión Patriótica ( el de la compañera Aída Abella)y allí seguimos los indígenas sin acuerdos para la paz.

Treinta años tiene la estructuración de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC creada como una herramienta de trabajo político y organizativo de los Pueblos Indígenas y hace parte de la Mesa Permanente de Concertación entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Colombiano, fue constituida bajo el mando de líderes incorruptibles antigobiernistas para el fortalecimiento de  quienes han sido despojados de sus bienes y así lo entendieron los Uwa quienes llegaron desde sus territorios ancestrales caminando al primer congreso, lo asimiló Alfonso Palma Capera, Pijao quien con nobleza y carácter antigobiernista el tercer congreso le colocó las más grandes tareas del momento: lograr elegir una voz y un voto en la Asamblea Nacional Constituyente, y luego coordinar el que hacer para que nosotros fuésemos reconocidos como ciudadanos con derechos plenos! Y luego realizar el más grande acto de consulta previa ejercido en Colombia sobre el Plan de ordenamiento territorial, y a solo tres años de su mandato  resolvió que  las tareas encomendadas eran lo suficiente y se realizo entonces el nuevo congreso que Colocó a Abadio Green Stocel, Thule, como presidente.

Las tareas organizativas del Coconuco (QEPD) Anatolio Quirá Guaña en los Pueblos Indígenas aun se resisten a desaparecer a pesar de tantos efectos directos y colaterales de la Guerra o conflicto interno y también de las cooptaciones de este gobierno a líderes nacionales, regionales y de base, y entre sus grandes tareas que aún faltan por realizar están las conclusiones del Congreso de los Pueblos Indígenas realizado en Cota, Cundinamarca en el año 2001, sacadas de la mochila olvidada en la Junta Directiva de la ONIC realizada el 27 y 28 de agosto del 2012 que es el del proceso de Paz para  los Pueblos Indígenas y de los Colombianos también.

Corren vientos de alegría para muchos colombianos, empresarios, obreros, campesinos y terratenientes, estudiantes y propietarios de bancos ante el inicio de  diálogos para la paz, pero los pueblos indígenas quienes le arrebatamos la llave de la paz al presidente actual, debemos esforzarnos más para hacer parte de este proceso ya que lo que está en juego son los territorios ancestrales y la sangre de la tierra que para los Nasa es el oro y  para los Uwa  el petróleo, la  Reforma Agraria,  ambiental y minera no es para el uso, goce y usufructo de multinacionales mineras, agroindustriales y petroleras, es para resolver la paz de los Pueblos Indígenas, campesinos y obreros y en general para todos los colombianos.

Lograr estar en los espacios de diálogos de paz para que se nos garantice el uso y goce del dominio de la propiedad ancestral no es con sonrisas, diálogos y prebendas de mandos medios gubernamentales(estilo de la nueva generación de “Autoridades indígenas”), es con el fortalecimiento de los procesos de organización y lucha,  legado vertical honesto y combativo de Bernabela Riondo, Edilberto Imbachi, Cristobal Secue, Alvaro Ulcue y muchos apreciados compañeros.

Simplemente una reflexión para el que hacer de las organizaciones asociadas a la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, sobre  los Diálogos para la Paz, iniciada desde la montaña ancestral y sagrada de los Nasa: Berlín.

Armando Valbuena Goauriyu.

Ex presidente ONIC
Sabio Indígena de la Humanidad Unesco 2009.

E-mail:  avalvuenagoauriyu@gmail.com 

Campaña Internacional "Dile No Al Desvío del Río Ranchería"

"Con chivos y vacas buscan que demos el sí al proyecto minero de El Cerrejón"

DENUNCIALíderes indígenas de La Guajira denuncian que hay ofertas y presiones para que se decanten a favor del proyecto minero que busca explotar 500 millones de toneladas de carbón y que implicaría la desviación de 26 kilómetros del cauce del río Ranchería. El Cerrejón explica que existe un proceso concertado para prevenir, mitigar y compensar cualquier afectación.

Viernes 29 Junio 2012

En los primeros días de junio, la familia de Bacilicia Paz, una indígena Wayuu-Painwa del norte de La Guajira, fue llamada a una reunión en la que se convocaba a toda la gente de su comunidad, la de Villaesperanza.

 

El encuentro tenía como finalidad convencer a los asistentes de firmar un papel en el que dieran el sí a un proyecto de minería de la empresa El Cerrejón, que implicaría en un futuro (se estima que en el 2023) la desviación de 26 kilómetros del cauce del río Ranchería para explotar cerca de 500 millones de toneladas de carbón que yacen bajo sus aguas.

 

Bacilicia estaba acompañada de su mamá, su hermana y su tía, las cuatro mujeres de este matriarcado eran las encargadas de decidir en su familia sobre este delicado tema. La moneda con la que se estaba negociando el sí al proyecto eran: chivos, vacas, hilazas o algunas máquinas. Al finalizar la reunión Bacilicia, de 50 años, se negó a seguir las órdenes de su madre y a diferencia de sus familiares dijo no al proyecto. 

 

"Nos están dividiendo, están comprando a la gente para que apoyen el proyecto, pero no todos lo vamos a aceptar porque el río es lo único bueno que tenemos, es nuestra vida y no vamos a permitir que nos lo quiten", le dijo Bacilicia a Semana.com.

 

Al igual que Bacilicia, son varios los líderes que han denunciado esta práctica. Una joven indígena que prefiere mantener el anonimato, le dijo a Semana.com que dos semanas atrás y mientras estaba en el hospital cuidando de su hijo hospitalizado, recibió una visita de unos enviados por el Ministerio del Interior para realizarle una consulta previa. Ella, indignada, les pidió que abandonaran el lugar.

 

Pero otras llamadas no han sido tan amistosas. "También nos están amenazando, nos dicen que no nos opongamos al proyecto para que no tengamos problemas", denuncia otro de los líderes que se movilizaron hasta Bogotá para buscar el respaldo de la comunidad internacional y manifestarle al Ministerio del Interior su inconformismo.

 

¿Por qué una consulta tan temprana?

 

El principal malestar que hay entre los indígenas y entre otros sectores de la sociedad se debe a la prisa con la que el Ministerio del Interior y la empresa del Cerrejón están actuando. Además cuestionan las condiciones en las que se está realizando la consulta previa, porque no se trata de exponer el proyecto, sino que están "negociando" el respaldo por parte de las comunidades. 

 

"Consideramos una falta de respeto que el Gobierno cite a actividades en nuestro territorio sin nuestro consentimiento, sería igual que si nosotros convocamos una reunión en su casa sin su permiso", le explicó Óscar Guariyu, el representante legal de la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Wayuu del sur de la Guajira.

En ese mismo sentido se pronunció la representante legal de la comunidad indígena, Dora Lucy Arias, quien hace parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Arias le dijo a Semana.com que el reclamo principal que hacen en este momento las comunidades es que se suspendan todos los trámites, hasta que se establezca el principio de la buena fe, porque "lo que se está haciendo no es una consulta. Ellos no están haciendo ninguna pregunta, lo que se está realizando es una negociación donde se busca persuadirlos para que firmen a favor del proyecto".

Igualmente, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, mostró su indignación sobre este asunto en una carta que le envió al ministro del Interior, Federico Renjifo. "Adelantar una consulta previa sin que El Cerrejón haya solicitado la licencia ambiental viola la ley, porque el artículo 12 del Decreto 1320 de 1998 dispone que las consultas previas se deben realizar después de que el interesado solicite la respectiva licencia ambiental y publique los estudios técnicos que sustentan el proyecto", explica Robledo en su misiva.

Autoridades: no saben, no responden

 

Entre los propios indígenas ha resultado muy sorpresivo que se esté adelantando este tipo de reuniones con la comunidad cuando el propio presidente de Cerrejón, Roberto Junguito Pombo, ha asegurado que este proyecto se encuentra en su etapa de prefactibilidad y que el desvió del río se encuentra apenas en evaluación.

 

Sobre estas acusaciones, la empresa emitió un comunicado en el que asegura lo siguiente: "No se está entregando bienes o dinero a las comunidades indígenas a cambio de la aprobación de un proyecto, sino que, por el contrario, ha establecido un proceso concertado de identificación de impactos y del proyecto y de medidas de manejo para prevenir, mitigar y compensar cualquier afectación que el proyecto pueda generar". 

 

Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente y Corpoguajira, la entidad ambiental del departamento, dicen no haber recibido ninguna solicitud de una licencia ambiental para desviar el rio Ranchería. 

 

Semana.com intentó reiteradamente ponerse en contacto con Rafael Torres, director de la consulta previa del Ministerio del Interior, pero no fue posible. 

Tomado de Revista Semana: http://www.semana.com/nacion/chivos-vacas-buscan-demos-proyecto-minero-cerrejon/179807-3.aspx

LOS PUEBLOS INDÍGENAS, REFORMA AGRARIA, CÓDIGO DE MINAS Y REFORMA A LA CARS.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS,  REFORMA AGRARIA, CÓDIGO DE MINAS Y REFORMA A LA CARS.

Armando Valbuena - Indígena Wayuu.
Sabio Indigena de la Humanidad UNESCO/IIESALD 2009
Ex-presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC.

Estamos en una década donde el Pacto Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, -PIDESC- empiezan a ser desmontados en los países europeos ante la crisis   vivida  hoy por los ciudadanos Griegos, para beneficiar a los grandes centros financieros colocando a los gobiernos bajo la tutela de los bancos y las directrices de la Eurozona, con el visto bueno de los gobiernos beneficiarios de los desordenes burocráticos del despilfarro, corrupción y demás, sumado a ello la crisis del gobierno de los Estados Unidos, quien paulatinamente pierde la guerra en Afganistán luego del caos creado en Irán, con sus únicas guerras ganadas la de Panamá y Granada.

Para los Pueblos Indígenas,  afro descendientes, campesinos y el pueblo colombiano en general bajo la observación de la Corte Constitucional en su sentencia T-025, los autos 004, 005, 251, 092 y demás entre ellos el auto 283  en su  orden 18 obliga a incluir en  los Planes de Desarrollo de las entidades departamentales y municipales el cumplimiento para la superación del estado de cosas Inconstitucionales (ECI) de tal manera se dé inicio al Goce Efectivo de los Derechos de la victimas enunciadas en la ley de Victimas y Restitución de tierras, el comportamiento gubernamental no es el ideal como lo demuestran las acciones reales y concretas expresadas en la continuidad de los asesinatos selectivos de quienes fueron despojados de sus bienes en las últimas décadas  demostradas en  los hechos del primer semestre del año en curso.

Ya empezamos a vivir lenta y sistemáticamente los efectos de la Ley de control  fiscal, cuando  los recursos para el cumplimiento de las Ley de víctimas y restitución de Tierras, empiezan a disminuir en el presupuesto nacional con las lógicas consecuencias de su incumplimiento, seguimos los caminos de la época de los tres siglos de la gobernabilidad castellana en donde las leyes se hacen pero no se cumplen, son los efectos del gobierno actual apoyado en su brazo político de la Unidad Nacional quien aprueba las leyes para su no cumplimiento, y cumpliendo solo las que interesan a las empresas multinacionales y sus bolsillos,  dejando la luz clara de la demagogia de los derechos humanos iniciada con las cuatro piedras de los pueblos indígenas en la Sierra Nevada, y continuada en el Congreso del Pueblo Indígena Embera, en el silencio de la solución del conflicto interno en territorio Awa, Coreguaje, wayuu de las márgenes del rio ranchería, Nasa en los municipios de Toribio, Corinto, Jámbalo, Silvia, kofanes y Sionas en la construcción de carreteras sin consulta previa, paros armados en territorios emberás, destrucción del hábitat Guahibo, Sálivas, iguanitos, o el proceso de desestructuración cultural del Pueblo Indígena Nukak-Maku, para no mencionar los afectados por el Coltan o la realidad en el Catatumbo.

El contenido del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC- en su preámbulo expresa:” Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,” es un enunciado del orden constitucional y además hace parte del bloque de constitucionalidad, es un principio básico del orden universal el cual no se llevado a cumplimiento y que hoy la Corte Constitucional le recuerda al gobierno colombiano sus deberes para los ciudadanos quien de  manera irracional, es burlado  y  mancillado por los miembros del senado y cámara que hacen parte de la Unidad Nacional dirigido y ordenado desde el Palacio de Nariño, es este un gobierno grosero y falaz, solo interesado en sacar adelante sus locomotoras para lo cual consideran indispensable una reforma agraria, minera y ambiental y así poder generar la continuidad del estado para el solo usufructo de las familias gobernantes en donde el 1% posee la propiedad de la tierra.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC- en las últimas décadas no se ha cumplido y hoy cuando  la corte ordena cumplirlos  para con las victimas entonces recorta el presupuesto para su no cumplimiento, es allí su grosería y falacia, todo es sencilla demagogia, el gobierno griego quebró y asume el endeudamiento de más de 100 millones dólares a beneficio de los grandes bancos sacrificando los DESC de la ciudadanía, Colombia tiene una deuda externa superior a los 70 millones de dólares, el gobierno nada hace para superar esta deuda y sacrifica la dignidad de los ciudadanos, el territorio y los bienes de los Pueblos Indígenas, afros descendientes, y poco o nada hace para la restitución de las tierras de los campesinos despojados, pero se prepara para las reformas de la Ley agraria, minera y ambiental y poder garantizar el usufructo de las empresas multinacionales con nuestros bienes de la biodiversidad, minera, agraria etc.

Se está resquebrajando el “estado de Bienestar” europeo y la sentencia judicial de la Corte Constitucional en su Auto 025 de enero del 2009, para superar el estado de cosas inconstitucionales e iniciar el proceso del Goce Efectivo de los Derechos aun dista mucho para el  cumplimiento de los DESC, bajo la responsabilidad del actual gobierno, los Pueblos Indígenas quienes nos encontramos en desplazamiento, riesgo de desplazamiento y en riesgo  de extinción, y por lo tanto vulnerable entre los más vulnerables, con grandes dificultades para el goce Efectivo de los derechos Fundamentales,  a pesar de ser parte constitutiva de la fundamentación de las instituciones y que son los condiciones para el ejercicio del poder las cosas no son nada agradables en el marco de las cinco locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo.

Los Pueblos Indígenas, quienes pasamos de ser salvajes, semisalvajes y civilizados bajo la Tutela de la Ley 89 de 1890, fundamentada en ese entonces en el Uso y Goce de los Derechos Civiles y Políticos, a gozar de la ciudadanía igual que todos los campesinos, estudiantes, obreros etc., al constituirse el estado multiétnico y pluricultural, entonces ahora  los derechos cada día se está menoscabando el Uso y Goce de los derechos sociales muy a pesar de la existencia de mandatos judiciales para su cumplimiento, y eso se realiza mediante actos legislativos como lo es la ley de control fiscal donde se  construye y perfecciona la inacción del estado, recortando el presupuesto nacional y limitando de esta manera los derechos a una vivienda digna, servicios públicos, tenencia de la tierra, salud, educación, trabajo etc., retorno y restitución de tierras.

Los Pueblos Indígenas, quienes solo llevamos dos décadas en el Uso, Goce de los Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos Sociales y Políticos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Ley 21 de 1991 por lo menos en las normatividades, ahora  estamos bajo la sentencia judicial de la corte constitucional quien ha considerado nuestra situación de victimas y ha responsabilizado al Gobierno Nacional de ser victimario, nos vemos afrontados a la Ley de control  Fiscal, a los planes de de desarrollo departamentales y municipales  sin consulta previa y además al monstruo de los cinco tentáculos que nos presionan para el proceso de consulta previa y la cual se nos quiere aplicar en contra de los mandatos constitucionales, normativos y jurisprudenciales  para favorecer el capital extranjero con el apoyo de las instituciones oficiales quienes lideran estos procesos de manera particular el Ministerio de Minas y Energía, del Ministerio de Agricultura y Ministerio del Medio ambiente bajo la coordinación del Ministerio del Interior y de Justicia, quien ha creado la dirección de Consulta previa, que para  su accionar lo realiza con  recursos de las empresas interesadas, y muchos casos con funcionarios contratados por el tiempo necesario de determinados procesos.

Ante la gravedad de esta situación es bueno recordar que las organizaciones CRIC, CRIT, CRIVA, CRIGUA, etc., nacidas de la necesidad de defender derechos organizativos, políticos y sociales de los Pueblos Indígenas dieron a luz la Organización Nacional Indígena ONIC, mediante procesos de lucha, movilizaciones en el orden  local, regional, nacional e internacional y con ello sus resultados se fueron concretando en distintos acuerdos políticos, resoluciones, decretos, decretos-leyes, leyes y la constitución nacional, y han sido participes de jurisprudencias que han marcado nuevos rumbos mediante  sub-reglas emitidas hasta el presente, entre este proceso resaltamos la importancia de los cuarenta días y noches de 1996 en la conferencia episcopal colombiana  arrojando como resultado los decretos 1396 y 1397 en la conformación de la Mesa Permanente de Concertación, la Mesa Nacional de Derechos Humanos y la Mesa Nacional de Territorios, y años después en cumplimiento de sentencia judicial fue creada la Mesa de los Pueblos Indígenas de la Amazonia.

Estos espacios vienen del proceso de lucha en las carreteras, en el territorios, en los edificios públicos,  llegándose a concretar en espacios de diálogo y concertación con resultados regulares, jamás y nunca en la historia de los Pueblos Indígenas los derechos fundamentales han sido reconocidos por el Gobierno Nacional en voluntad política, siempre ha sido la constancia de los procesos organizativos en medio de las luchas, en donde los asesinatos colectivos, individuales, encarcelamientos, señalamientos y persecuciones, despojos, falsedad de documentos de propiedad e intimidación colectiva no han sido ajenos, este es el comportamiento en los dos siglos de gobernabilidad de la Republica hoy bajo la bandera de las locomotoras.

Nuestro destino siempre ha sido discutido de manera interna en los congresos de las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales con la presencia de los sectores sociales a quienes hemos entendido mediante la escucha de sus realidades agrarias, mineras y ambientales, nunca hemos estado desconectados de la realidad social de los colombianos, de allí que hayamos participado en los distintos procesos directa e indirectamente por encima de las diferencias culturales, políticas o sociales.

Es necesario colocar en estos momentos en todos los espacios de análisis,  discusión, de concreción de tareas desde el orden de lo local que significa llegar a los 102 pueblos desde el pueblo Wayuu, hasta el Pueblo Eperara Siapidara, para seguir por los Awa, Tanimukas, cubeos, curripacos, uwas y yukpas para no mencionar a otros pueblos fronterizos y  quienes  sobreviven  al interior del país, al lado de los sectores sociales, y de los colombianos también, para conocer  la realidad de lo vivido cotidianamente y llegue a las organizaciones regionales, macroregionales y nacionales para así tener claridad pragmática  de tal manera que la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos indígenas así como la Mesa de los Pueblos Indígenas de la Amazonia  pueda encontrarse con la realidad del despojo, asesinatos colectivos y selectivos, amenazas en el actual gobierno de la Ley de víctimas y restitución de tierras, quien va hacia adelante con sus locomotoras por encima de los pueblos indígenas.

Estas tres reformas van a afectar los derechos humanos fundamentados en la dignidad de la persona humana quienes la poseemos en calidad de personas y no otorgados por conveniencias políticas, es un mandato universal y es a partir de allí donde el actual gobierno debe comenzar los diálogos en el reconocimiento del Goce Efectivo, Real y Concreto acorde a los mandatos constitucionales sin contaminación de corrupción que hace inclinar las decisiones de los funcionarios públicos contra el interés general de los Pueblos Indígenas y de los Colombianos también.

La Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas y el Gobierno Colombiano, integrado por representaciones de las organizaciones nacionales y regionales y miembros de las macroregiones en donde reposa la dignidad humillada y perseguida, masacrada y señalada, despojada y engañada, de los Pueblos Indígenas debe elevar su voz de protesta ante la inacción del estado para el cumplimiento de las normatividades constitucionales y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como son los procesos de consulta previa en los planes de desarrollo departamentales y municipales, sin dejar de recordar que el Plan Nacional de Desarrollo fue consultado por sentencia judicial, no por voluntad política, deben suspenderse los procesos de consulta que se están ejecutando a todo lo largo y ancho del país como meros actos formales y administrativos en donde no se conocen las realidades de los impactos sociales, económicos y culturales de las megaobras en el orden minero, agroindustrial e hidrocarburos.

Compañeros la responsabilidad es de gran envergadura, y es bueno detenerse un poco y bajar a las regiones, a los pueblos y no debe ser preocupación nuestra si el gobierno tiene o no tiene recursos, nuestra responsabilidad es con los pueblos indígenas, con las nuevas generaciones, no podemos permitir la desestructuración cultural aun mas cuando existen sentencias judiciales que responsabilizan al gobierno de estos hechos, quien sigue dilatando su cumplimiento en la más pura demagogia.

Armando Valbuena Goauriyu.

Sabio Indígena de la Humanidad Unesco 2009.

Ex presidente de la ONIC.

E-mail: armandogoauriyu@yahoo.com.mx 

El pulso por el río Ranchería

Por: NATALIA HERRERA

El proyecto P500 IIwo'yaa contempla la posibilidad de desviar el cauce del río Ranchería en 26 kilómetros para facilitar la extracción de carbón. / EL TIEMPO

Comunidades del sector están divididas por el posible desvío del afluente.

El desvío del único río que baña las tierras áridas de la alta y media Guajira -un proyecto de la multinacional Cerrejón para explotar carbón- tiene enfrentadas a las comunidades de este departamento.

Se trata del proyecto de expansión P500 IIwo'yaa, que pretende desviar el cauce 26 kilómetros para explotar cerca de 500 millones de toneladas del mineral que están bajo su lecho antes del 2033.

"El río Ranchería no se toca, no esperaremos a que el último hombre esté envenenado o enfermo y el último pez muerto para darnos cuenta de que no podemos comer dinero", dijo Emilsa Rojas, líder cívica de La Guajira.

Pero otros miran el proyecto de otra manera. "Cerrejón nos ha prometido compensaciones que necesitamos", dijo Ana Pino, wayú de Pancho.

Aunque el presidente de Cerrejón, Roberto Junguito Pombo (ver entrevista), asegura que el proyecto está en etapa de prefactibilidad, hay quienes creen que el debate no es prematuro. La empresa, de la mano del Ministerio del Interior, inició el proceso de consulta con los wayús, y es aquí donde se juega su viabilidad.

Habitantes de las comunidades de San Antonio, Pancho, La Florida, Flor de Olivo, Marquito, Pipamana y El Guajiro dicen que el desvío es innegociable. Ellos se suman a las cerca de 4.000 personas que marcharon en contra de la iniciativa el año pasado en la región.

Y aunque la minería ciertamente se ha satanizado en algunos sectores del país, el sello Cerrejón tiene varios puntos a su favor. El primero, su amplia trayectoria en temas de impacto ambiental y sostenibilidad. De hecho, esa firma es considerada pionera en prácticas de cargue directo de carbón, que no tienen otras industrias en el país y que minimizan la contaminación.

También cuenta su capacidad para rehabilitar áreas explotadas. Precisamente, voceros de la empresa dijeron que de las cerca de 12.000 hectáreas que ya han intervenido en el país, esta semana la firma completó el proceso de rehabilitación y reforestación de 3.000 -antes de lo previsto- con programas de bancos de suelo y de conservación de biodiversidad.

En lo que tiene que ver con la relación con las comunidades, el proyecto de desvío del Ranchería ya ha establecido un acta de preacuerdo del proceso de consulta previa, en el que algunas comunidades plantearon necesidades que se deberían suplir para aceptar el desvío. Entre otras, lanchas, implementos para pesca y canchas de fútbol.

No obstante, la polvareda entre quienes están con el proyecto y quienes no, no para. Simón Gaviria, jefe del liberalismo, viajó a la región y, tras escuchar varias versiones, enfatizó: "El Partido Liberal le dice no a la licencia para desviar el río". Otras voces en contra se oyen por cuenta del contralor delegado para el medio ambiente, Jorge Enrique Cruz, para quien los impactos ambientales son impredecibles, por lo que debería regir el principio de prevención; y Julio Fierro, exasesor del Ministerio de Ambiente, que considera los estudios del Cerrejón poco contundentes.

Por ahora, lo cierto es que si Cerrejón se decide a presentar el proyecto, el Ministerio de Ambiente tendrá solo tres meses para decidir si da o no luz verde a este proyecto.

'No será un proyecto negativo'

El presidente de Cerrejón, Roberto Junguito Pombo, habló con EL TIEMPO sobre el proyecto de desvío del río Ranchería.

¿De dónde nace este proyecto?

Este proyecto está hasta ahora en la etapa de prefactibilidad. El desvío del Ranchería, como otras alternativas, se está evaluando. De hacerse se haría en la zona minera, no en ningún sitio donde vivan comunidades.

¿En qué van los trámites y permisos con el Gobierno?

No hemos pedido un solo permiso formal, porque aún estamos evaluando.

Solo a finales de este año se daría ese momento, cuando decidamos qué proyecto se va hacer.

¿Cuál es la posición de Cerrejón?

No vamos a hacer un proyecto negativo para el ambiente y las comunidades. Creo que podemos hacer un proyecto sostenible ambiental, económica y socialmente

¿Existe la posibilidad de que no se desvíe el río?

En este momento existen todas las posibilidades.

Natalia Herrera
Enviada especial de EL TIEMPO
Barrancas (La Guajira).

Tomado del diario EL TIEMPO: http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/el-pulso-por-el-ro-ranchera_11933344-4

Efectos de expansión del Cerrejón pueden ser catastróficos

La Guajira despresada

Por: Alfredo Molano Bravo/Especial para El Espectador

Alfredo MOlano le hace seguimiento a la polémica por el desvío del río Ranchería para que las multinacionales exploten 600 millones de toneladas de carbón que yacen bajo su curso.

El Ranchería es el único río que riega la zona semidesértica de la media y la baja Guajira, en su gran mayoría territorio de resguardos wayúu. / Daniel Gómez - El Espectador

Durante muchos siglos, La Guajira fue considerada tierra de nadie: una tierra despoblada, desértica, donde corría el viento. Hubo perlas en una época, pero los españoles se las llevaron. Después quedaron sólo cardones y soledades. Los indígenas fueron clasificados como salvajes y, por tanto, era lícito matarlos para defender el comercio y la civilización. Se trataba de un territorio baldío. Para España La Guajira fue un dolor de cabeza porque la península constituía un puente entre el continente y las Antillas Menores, en manos de ingleses y holandeses, que desafiaban desde allí el monopolio comercial de la Corona. Por Aruba y Margarita entraba el contrabando de mercaderías que llegaba hasta Mompox, y desde allí a las zonas mineras de Antioquia y Cauca. Los wayúus eran más amigos de los contrabandistas que de las autoridades y muchas fueron las guerras y los levantamientos contra España. Los indígenas eran seminómadas y conocían al dedillo todos los caminos. En la última guerra civil el general Manjarrés o el general Acosta —o cualquiera de ellos— los utilizó como guías de trocha. Durante medio siglo los indígenas y los mestizos guajiros siguieron usando su territorio como camino del contrabando.

La frontera

López Pumarejo declaró a la alta Guajira puerto libre. La flexibilidad fronteriza se acabó cuando se comenzó a explotar a gran escala el petróleo en el lago de Maracaibo. Entonces el Gobierno se puso serio y firmó un tratado de límites (1941) que dejó en el aire el islote de Los Monjes, que el gobierno conservador de Gómez quiso entregar a Venezuela a cambio de que se cerrara la frontera a los guerrilleros del Llano y se entregara a Eliseo Velázquez, uno de sus jefes. Pocos años después, Rojas Pinilla, considerando la posibilidad de un topetazo bélico con nuestro vecino, decidió ganarse a los indígenas, para lo cual instaló cientos de molinos de viento y construyó jagüeyes. En el Frente Nacional se creó la intendencia y se declaró puerto libre a Maicao. Cigarrillos y licores, ropa y electrodomésticos salían de Bahía Portete a inundar los Sanandresitos de todo el país.

El mapa de rutas y la experiencia del trato ilegal sirvieron para exportar, desde Santa Marta hasta Puerto Estrella, toda la marihuana que se produjo en la Sierra Nevada y en la serranía del Perijá en los 70 y 80, y criar una red mafiosa que se engulló la administración pública, el puerto libre y la débil economía legal. Con el tráfico de cocaína, la mafia se volvió una estructura paramilitar poderosa que sustituyó al Estado. Puertos, aeropuertos, puestos públicos y negocios particulares hicieron parte de un tejido que ningún gobierno ha podido desmontar ni doblegar.

El carbón

La media y la baja Guajira fueron durante el reinado del contrabando caminos de paso asociados a las redes ilícitas, hasta que en los años 70 se descubrió el Cerrejón, la enorme mina de carbón que una década después se comenzó a explotar a cielo abierto. Los atropellos contra las rancherías wayúu fueron brutales. La Fuerza Pública y la mafia armada apoyaron los desalojos, la escisión del territorio ancestral y el despoblamiento de las zonas de interés minero. Los conflictos entre indígenas y compañías mineras nunca han terminado, a pesar de los sostenidos esfuerzos de las compañías por capturar de cualquier forma la voluntad de los wayúu. Entre los principales señuelos han estado el ofrecimiento de empleo, el aumento de las regalías y el mejoramiento de los servicios públicos, promesas publicitarias que nunca se han cumplido: de los 10.000 empleados del complejo, 4.700 son guajiros y sólo el 1% es indígena. En relación con el mejoramiento de la calidad de vida, hay proporciones económicas que muestran el vínculo real entre la mina y la región: la inversión en compensaciones sociales a las comunidades wayúu entre 1982 y 2002 ha sido cercana a cinco millones de dólares, lo que representa la producción de carbón de dos días y medio. El Cerrejón produce hoy 32 millones de toneladas anuales de carbón, la mitad de lo que el país exporta, pese a lo cual el 70% de los guajiros vive en la pobreza y el 31% en la extrema pobreza. Sólo son más pobres Vichada y Chocó.

La tragedia de Fukushima puso en tela de juicio la producción de electricidad a partir de energía nuclear, y el precio del carbón se disparó en el mercado mundial de 40 dólares la tonelada hasta llegar a 230 dólares hoy. El Cerrejón, que hoy pertenece en su gran mayoría a las multinacionales BHP Billiton, Xstrata y Anglo American, ha comenzado a poner en marcha un plan de expansión que le permitirá llegar a doblar su producción anual en los próximos 20 años. Esta meta implica explotar un depósito de 600 millones de toneladas que yacen bajo el curso medio del río Ranchería. Aprovechar esta mina implica la desviación del río en un tramo de 26 kilómetros que afectaría en el 40% las aguas aportadas por el acuífero aluvial localizado en sus riveras y bajo su cauce. Hay que recordar que el Ranchería es el único río que riega la zona semidesértica de la media y la baja Guajira, en su gran mayoría territorio de resguardos wayúu. Los indígenas han protestado porque temen que la obra ponga en peligro su modo de vida, que la wayúu Vicenta Siosi describe así:

“Las gentes por aquí viven de la pesca. Aun los niños capturan lizas, bagres, bocachicos y camarones, que son nuestro alimento. Las mujeres recogen cerezas, iguarayas, mamoncillos, cotoprix, coas silvestres para venderlas. Algunos wayúu tienen rosas permanentes junto al río. Con gran esfuerzo, cargan el agua con baldes y riegan mata por mata. Otros toman barro y agua del río para fabricar ladrillos destinados a la construcción de viviendas citadinas”.

El proyecto de expansión debe ser consultado por ley con las comunidades indígenas. De hecho, la compañía ha comenzado a dar pasos en esa dirección rodeada de un extraño silencio sobre los verdaderos alcances e impactos del proyecto. Parecería que busca primero la aceptación de las comunidades, antes que la exposición del objeto y los efectos de la obra. Empleados de la compañía, acompañados por funcionarios del Ministerio del Interior, citan a las comunidades para divulgar los beneficios de los planes de expansión, evadiendo o mistificando los impactos negativos. El Gobierno avala los argumentos de la compañía con un silencio aparentemente imparcial pero cargado de contenidos a favor de la empresa, que suele ofrecer todo tipo de regalos como forma de compensación sobre aquellos efectos negativos que no puede esconder. La estrategia, tanto de la minera como del Gobierno, consiste en convencer a las comunidades con los ofrecimientos, o por lo menos dividirlas, para negociar con una de las partes a nombre de la totalidad. Previamente a la citación, la empresa divulga de manera sistemática un cuadro rosado y verde del futuro de la región. Sobra decir que los planes de expansión vienen acompañados por un aumento importante de la presencia de Fuerza Pública y medidas de seguridad.

Como es de suponer, el desvío del río tiene efectos, no sólo sobre la población, sino sobre la fauna y la flora. Los ‘animales de noche’, como los llaman los wayúu, que son los que llamamos salvajes, serían arriados por medio de explosiones sonoras hacia determinadas áreas, según los planes ambientales de la compañía. Los ‘animales de día’, o sea los domésticos, correrían la misma suerte de las comunidades que deben ser desplazadas, como la de Manantial de Cañaverales. Es un corregimiento del municipio de San Juan, de una fertilidad y de una frescura excepcionales en la región, porque tiene un gran ojo de agua. Es un nicho rodeado de gigantescas ceibas y caracolíes, habitado por una familia de micos churucos, donde de un acuífero nace un agua transparente, ligeramente azulada. Un paraíso chiquito y cuidado por la comunidad. El manantial riega la zona y sirve el acueducto del pueblo. Aunque en los planes no está —por ahora— el traslado, la población lo teme porque el afloramiento de carbono estudiado por los geólogos está a menos de dos kilómetros del poblado. Todo el mundo conoce la historia de Tabacal, un pueblo que fue destruido en 2001 por orden de una juez para satisfacer intereses económicos de la concesión a la Exxon Mobil.

Desplazamientos

Por Manantial de Cañaverales pasa una carretera donde convergen trochas que una con otra unen San Juan con Maicao. Es el camino de la llamada Caravana de la Muerte. Se trata de una flota permanente de vehículos que transportan gasolina de contrabando desde Venezuela hasta Cuestecitas, por un lado, y hasta La Paz, Cesar, por otro. En Venezuela un galón de gasolina cuesta 200 pesos colombianos, en Maicao, 2.000; en Bucaramanga o Barranquilla, 6.000. Cálculos hechos en la vía dan cuenta de que por Manantial de Cañaverales pueden pasar 9.000 galones diarios de combustible. Los pasos estratégicos parecen estar controlados por las Farc, mientras que la caravana por los paramilitares.

La vía se cruzaría con el trazado de un ferrocarril entre las minas de San Juan y el nuevo puerto multimodal de Brisas, en Dibulla, que se ha comenzado a planear. Es un nuevo proyecto de explotación, realizado por la compañía brasileña MPX, de un yacimiento de 5.200 millones de toneladas de carbón, que permitirá exportar 25 millones anuales. La inversión inicial se calcula en 5.500 millones de dólares e incluye la vía férrea de 150 kilómetros hasta el mar. Cañaverales y Papayal están en la órbita de la concesión.

Las rancherías wayúu de la zona han creado la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Wayúu del Sur de la Guajira (Aaciwasug), que se opone radicalmente a los dos grandes proyectos, el desvío del Ranchería y el ferrocarril de Brisas. Más aún, no aceptan la consulta previa: “Nunca aceptaremos —han postulado— el desvío de un río que nos da la vida. Antes del derecho a la consulta tenemos el derecho a nuestro pensamiento. Ninguno de nosotros quiere vender sus muertos, sus cementerios”.

La posición de los indígenas ha ganado un gran respaldo regional. En Riohacha se creó el Comité Prodefensa del río Ranchería y de Manantial de Cañaverales, formado por sindicatos de obreros del carbón, asociaciones campesinas y estudiantiles, políticos locales y ciudadanos, para oponerse a los proyectos. Se han organizado foros y se prepara una gran marcha departamental. El contencioso entre el movimiento cívico y la alianza —para no decir gavilla— entre el Gobierno y las empresas será una prueba de fuego para la locomotora minera.

Hoy por hoy, La Guajira está despresada en tres partes: el Norte, tomado por paramilitares —tema del que poco hablan las autoridades—; el Centro, dominado por el contrabando de combustibles, repartido entre ‘Urabeños’ y guerrillas, y el Sur, explotado por las más gigantescas y poderosas empresas de carbón del mundo. La suerte está echada. El futuro no es aún de nadie.

Junguito: “Es un proyecto apenas en evaluación”

Tan sólo dos semanas después de asumir la gerencia de El Cerrejón, en marzo de este año, Roberto Junguito Pombo aseguró a través de diversos medios de comunicación que la desviación del río Ranchería era un proyecto en proceso de evaluación para establecer si es conveniente o no para la región y la empresa.

“Es una aclaración que quiero hacer, porque me sorprenden las noticias sobre el tema, cuando este es uno de los tantos proyectos de crecimiento que tenemos y apenas está en un largo proceso de estudio que podría durar entre uno y dos años”, aseguró el ingeniero industrial, quien reemplazó a León Teicher en el cargo y quien se había negado a hablar públicamente del tema.

Junguito ha indicado que los ingenieros están estudiando otras alternativas para establecer los impactos de carácter ambiental y comunitario. “Cualquier decisión que se tome será con el visto bueno de la comunidad.

Liberales en oposición a desviación del río Ranchería

Al conocer la intención de la empresa El Cerrejón de desviar el río Ranchería, en La Guajira, para aumentar la explotación del mineral, el presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, anunció “el compromiso de defender la etnia wayuu y hacer oposición al proyecto con el que se pretende sacar cerca 500 millones de toneladas de carbón, afectando a las comunidades indígenas”.

Gaviria denunció que en las actas de preacuerdos para el proceso de consulta previa se están realizando pactos con los dirigentes de la comunidad buscando su apoyo al proyecto a cambio de lanchas, carrotanques, rellenos para zonas inundadas, alambre de púas, construcción de una cancha deportiva y hasta hilo para hacer artesanías.

Gaviria afirmó que este tipo de negociaciones se están llevando de forma tan irregular, que no existe mayor diferencia con lo que ocurría hace cinco siglos cuando los colonizadores españoles cambiaban oro por espejos y elementos de poco valor.

Intervención de Armando Valbuena, representante Wayuú, ante la Segunda Sala de Revisión de la Corte Constitucional

domingo, 23 de septiembre de 2007

Intervención de Armando Valbuena, representante Wayuú, ante la Segunda Sala de Revisión de la Corte Constitucional

Armando Valbuena - Indígena Wayuu.
Sabio Indigena de la Humanidad UNESCO/IIESALD 2009
Ex-presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC.

Primera Sesión de información técnica, prevista para verificar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025, sobre desplazamiento interno de comunidades indígenas

Aquí ustedes están conociendo al pueblo Kofán que tuvo hace treinta años más de 25.000 habitantes, con los resultados de la exploración y explotación petrolera, hoy estoy convencido que sólo tienen menos de 2.000 habitantes, hay que mirar cómo en 40 años existe una reducción de más del 80% de su población, y además, hoy muchos de ellos se encuentran en el Ecuador, no en calidad de refugiados políticos, pero allá están.

De igual manera el pueblo Coreguaje, donde sus principales líderes fueron asesinados hace unos años y nos tocó a nosotros, como pueblos indígenas, organizar un acuerdo de paz con las FARC para que detuvieran el asesinado de 100 líderes que no manejaban el español, entonces aquí hay una diversidad, donde están los Nucak Bakú, que tienen menos de treinta años de relación con occidente.

Cada pueblo es distinto y el gobierno debe tener unas apreciaciones diferentes, en donde se debe tener en cuenta que hay algunos pueblos que son nómadas dentro de un territorio propio, y esta conceptualización hay que irla mejorando en todas las instancias porque se trascribe una sesión de información técnica a la Corte Constitucional, que es el guardián de los derechos fundamentales de todos los colombianos para que no se viole la constitución.

Seguido de eso decimos lo siguiente; hace menos de 500 años hubo el debate político e ideológico en Europa, en donde se planteó la interrogante sí los indios somos seres humanos o no somos seres humanos, Gines de Sepúlveda argumentó con mucha claridad que los indios no tenemos alma, pero el padre Francisco de Victoria sustentó con claridad que tenemos alma y somos seres humanos; entonces, a partir de ese instante, nosotros tenemos derecho a la libre determinación, al derecho natural y al derecho de gentes, por lo tanto el derecho de una guerra justa, que fue lo que se nos aplicó.

¿Pero hoy qué sucede? En Colombia se está aplicando y desarrollando nuevamente a los pueblos indígenas con el proceso de una guerra justa, estoy convencido que estamos en una etapa de guerra con el Estado mismo. Los jueces de la república también tienen que hacer un acto para reflexionar, para ver cómo se está desarrollando el proceso de guerra justa hacia las naciones indigenas.

Nosotros estamos velando por una constitución de derechos fundamentales, donde los acuerdos internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad pero estamos viviendo las consecuencias de la globalización, expresadas en un ajuste estructural del Estado, donde hay expulsión y pauperización del ser humano, y entre ellos estamos los seres humanos indigenas.

Todo esto cambia una eficiencia y una racionalidad económica, las cuales aumentan aceleradamente como lo señalan los distintos índices financieros, los cuales nos conducen a las naciones indigenas a los siguientes interrogantes; esta eficiencia, ¿es eficiente y transparente?, esta racionalidad económica ¿es racional? ¿La eficiencia para fabricar un megaproyecto en los pueblos indigenas es racional, aplicando la desaparición de los pueblos indigenas? Y Tenemos un caso emblemático, hasta el día de hoy el gobierno ha demostrado que no tiene la capacidad para aplicar, ni uno solo de los acuerdos que ha firmado el pueblo Embera Katio con el gobierno colombiano.

Llevamos décadas y el gobierno ya ha preparado la segunda fase de Urrá, no hay voluntad tampoco, hay incapacidad del gobierno para admitir los acuerdos en el caso de Urrá.

Nosotros tenemos que recordarles que en 1492 el pueblo Wiwa no existía, pero los pueblos indigenas sí estábamos, el pueblo Kogui o Wiwa, ya existía en 1492. ¿Cómo es posible que se ponga a discusión que Puerto Brisa no está en el territorio ancestral indígena, de dónde sale este argumento político para demostrar que los indígenas no estamos. Y no hay capacidad del gobierno para resolver esta situación. Los compromisos de adquisición de tierras del gobierno nacional con el norte del Cauca no es posible cumplirlos, y ya se demostró en la práctica y éste es otro ejemplo emblemático de que este gobierno no tiene capacidad de cumplir los acuerdos pactados.

Es bueno que el gobierno aclare a esta sala técnica de la Corte Constitucional si todos los acuerdos con los pueblos indígenas hacen parte del presupuesto nacional para el año entrante, debemos empezar por allí, cómo se hace parte del presupuesto nacional para resolver este problema. Lo que yo he escuchado hasta este momento es: tantos mercados, tantas comidas, tantos cupos en los colegios, pero ese no es el problema.

El problema es mas profundo. La vida humana hoy pierde sentido en los pueblos indígenas, y en el centro de nuestro ejercicio como ser humano concreto lo único a lo que aspiramos es a ser parte de una sociedad para vivir en un marco de lo fundamental, pero con dignidad, con la necesidad de satisfacer nuestras necesidades por igual, fundamentados en el derecho de la propiedad de nuestros territorios indígenas y el desarrollo de la vida en los resguardos indígenas (…) reconocidos luego de la guerra por la corona, luego por la república y ratificado y mejorado hasta el 91.

Pero desmantelada hoy la constitución por la actual estructura del Estado, hoy somos personas pertenecientes a las naciones indígenas pero estamos excluidos de la libertad política y económica, hemos perdido la paz, hemos pedido la felicidad, la alegría de los niños, hemos perdido nuestros bienes materiales, la cultura y ante todo la cosmovisión y el dominio sobre nuestra biodiversidad.

El Estado y el gobierno nos miran y consideran que somos incapaces de poseer algún tipo de propiedad, y por lo tanto no podemos hacer parte de la población civil. El Estado y el gobierno se burlan sistemáticamente de todas las recomendaciones de derechos humanos, de las entidades de derechos humanos de carácter internacional, se burlan de todos los acuerdos que ellos mismos firman y se ha levantado una legislación de guerra a los pueblos y naciones indígenas, expresada en la ley de desarrollo rural, en la ley de armas. Esto es una muestra de la propuesta gubernamental que legitima la segregación racial y el etnocidio, como lo veremos más adelante, con las propuestas de carácter minero y energético que nos van afectar a todos los indígenas.

Todo esto se está desarrollando en un manto ideológico de una guerra justa, de frente y sin dolor se están aplicando los derechos de un sistema globalizado por encima de los derechos humanos, donde no hay dignidad.

Señores miembros de la Corte Constitucional, se está destruyendo la base real del ser humano de las Naciones Unidas, nos están quitando la vida al quitarnos los medios, el territorio, la naturaleza nuestra espiritualidad y nuestro futuro.

Recuerdo que la guerra justa fue aplicada en América ya que se realizaban sacrificios humanos, la guerra justa fue aplicada en África para denunciar el canibalismo, la guerra justa se aplicó en la India para denunciar la quema de las viudas, y todo esto fue un sustento para conquistar el mundo que destruyó culturas y civilizaciones, cometió genocidios. Las víctimas somos culpables, los indígenas somos culpables de no asistir a reuniones, hoy los indígenas que somos víctimas somos culpables, por eso se aplican unas normas para ocultar nuestros derechos.

Hoy tenemos que confesarnos como culpables y pagar incluso con sangre, con entrega de nuestros bienes, expresados en territorio y con el acatamiento de megaproyectos.

Nos están viendo como opositores de transformaciones del Estado en su paso a la globalización, se está desarrollando una guerra justa para quitarnos los recursos naturales, ya sea por la parte energética o los recursos de la biodiversidad. Y aquí nos preguntamos, honorables miembros de la Corte Constitucional, ¿hay una nueva modalidad de aniquilamiento?

Hoy hemos perdido la libertad. Ya que tenemos la culpa de defender la aplicación de los derechos humanos y la defensa de los recursos naturales, por eso los Wayuú expresamos:

El desplazamiento es el desmantelamiento de las estructuras civiles, económicas, sociales, culturales, la autodeterminación de todos los pueblos indígenas, como el que vivimos hoy los Wayuú, por lo tanto, no compartimos que se nos obligue a marchar de nuestros territorios.
No estamos de acuerdo a que se preparen los pueblos para que puedan huir, como lo hacen las instancias gubernamentales. 

No estamos de acuerdo a que se nos sensibilice al terror y las masacres.
No estamos de acuerdo con la sensibilización a vivir con las secuelas del desplazamiento. Debemos mejorar la estructura estatal de los derechos humanos.

Puedo concluir que hoy no hay política publica para los pueblos indígenas, creemos que la paz se hace con los enemigos y a los amigos lo que se hace es fortalecer los lazos, la paz se hace entre los enemigos de forma valiente, por lo tanto los Wayuú tenemos muy claro que (…). Los tratados de libre comercio no se encuentran aislados de la política energética mundial que se expresa en gas, viento y carbón.

Y hoy los seres humanos afectados, bajo la tutela del gobierno de Chávez, deben ser responsables del Estado. No es posible que los Wayuú desplazados estén siendo asistidos de forma voluntaria por el gobierno de Venezuela y no por nosotros mismos. Hay que organizar el retorno al territorio ancestral, con las garantías constitucionales, hay que mirar bien qué es lo que se está haciendo con la consulta de los pueblos indígenas. A los megaproyecto los pueblos indígenas no pueden decir que no, la constitución no prevé eso, y siguen habiendo asesinatos después de la desmovilización. Nosotros estamos cansados de la guerra.

Invitamos al gobierno nacional a sentarnos para hacer la paz, como enemigos que somos organicemos ese nuevo proceso de paz, como tuvo la gentileza el gobierno español de hacerlo en su momento, al admitir que somos seres humanos con alma.