La sal ha sido por décadas la columna vertebral de la economía en el municipio de Manaure (La Guajira) y una especie de oro blanco del que los pobladores (indígenas o no) se han valido para levantar a sus familias. La descripción, hecha por un manaurero, no es gratuita. Hasta hace un par de años, de la sal que se consume en el país el 70% se producía en esta población guajira. Pero, según los habitantes, tras el cambio de administración no queda rastro de la gran compañía que fue. Por eso, en el pueblo ronda la zozobra y, según los más pesimistas, también la pobreza.
La explotación de sal estuvo desde 1970 hasta 2004 en manos del Estado. Entonces el Gobierno le entregó la empresa a tres asociaciones indígenas y a la Alcaldía, que crearon una sociedad de economía mixta llamada Salinas de Manaure (Sama Ltda.). La única condición para entregarles todos los activos, avaluados en casi $100 mil millones, era contratar a un operador privado que sacara adelante el negocio y mantuviera la producción, que para entonces estaba cerca de las 500 mil toneladas anuales. Mientras cumplían, estarían bajo la supervisión de un comité de vigilancia dirigido por el Gobierno. La idea de la cesión era que las ganancias se destinaran a satisfacer las necesidades de los wayúu de la zona.
Han pasado ocho años desde que se creó Sama Ltda. y aún no ha sido contratado un operador privado. Pese a que en varias ocasiones se ha iniciado el proceso, las peleas internas entre los representantes de las asociaciones indígenas (accionistas de la empresa) y el comité de vigilancia lo han llevado al traste. Los efectos del enfrentamiento saltan a la vista: en los últimos tres años la compañía no ha producido un gramo de sal y se ha dedicado a comercializar las reservas que quedaron de tiempos más prósperos. El año pasado vendieron apenas 136 mil toneladas.
El panorama actual, según los habitantes, es devastador. Las charcas de producción están secas, desaparecieron las gigantescas montañas de sal que alguna vez fueron atractivo turístico, y dicen que los recursos de las ventas de las reservas no se ven. Hoy quedan pequeños montículos de sal y en el pueblo un mal sabor por la debacle en la empresa que fue su orgullo. Han sido los propios indígenas wayúu los que han criticado a quienes los representan en la compañía y aseguran que los malos manejos se ven reflejados en la mala situación económica que vive el pueblo. Hoy culpan a los actuales administradores de mala gestión y de supuestas irregularidades, por lo que reclaman la intervención de los organismos de control y de las autoridades para evitar que se “sigan dilapidando los recursos de la empresa, ya que son cerca de dos mil familias que viven de la explotación de sal las que sufren por esta situación”, dijo un indígena.
El último llamado fue el pasado viernes, cuando los habitantes y los empleados de Sama Ltda. protestaron y paralizaron la población para pedir claramente al unísono que cambien al gerente y a toda la junta directiva. Quieren que llegue alguien que tenga el conocimiento para poner a Manaure de nuevo en el lugar de principal productor de sal del país. “La protesta fue para pedir un alto en el camino y la intervención del Gobierno. Acá hay dinero público y es hora de pedirles cuentas a los que manejan la empresa. Lo paradójico es que la materia prima (agua de mar) es inagotable y no hay producción”, dijo Robinson Ramos, presidente del sindicato.
Se defienden
Ante los señalamientos, Luis Arciniegas, presidente de la junta de socios de Sama Ltda., dijo que esto no es culpa de la nueva administración. “El invierno nos dio muy duro en 2010 y no pudimos mantener la producción. Además, los que tenían esto antes no le quisieron invertir en mantenimiento y hemos tratado de recuperar las instalaciones, pero hemos tenido dificultades”, recalcó. Por su parte, Jorge Ibarra Gómez, gerente de la empresa, dijo que “la producción ha sido variable. Hemos estado en 200 mil toneladas, que se puede ver como baja, porque antes se producía un millón. Antes, Leasing Concesión Salinas estuvo al frente de este negocio y no hizo mantenimiento. Ese ha sido el motivo para la baja producción”.
Arciniegas, presidente de Salinas de Manaure, indicó recientemente que en los últimos dos años se han invertido casi $3 mil millones en la restauración de los depósitos y la reparación del sistema de bombeo, que sufrieron daños por el invierno de 2010, cuando el desbordamiento del arroyo El Limón generó la pérdida de la producción de ese año. Agregó que este año esperaban obtener una producción de 300 mil toneladas de sal; sin embargo, hasta la fecha, según los empleados, han producido apenas 25 mil, con lo que la proyección indica que no alcanzarán siquiera las 100 mil.
Pese a la defensa de los directivos, para la comunidad hay hechos que van más allá del invierno y de la falta de mantenimiento. Miembros del sindicato dicen que hay algunos contratos de venta de producción que los organismos de control deberían revisar, al igual que la venta a muy bajo costo de algunos vehículos y maquinaria. También, los casos de contratistas que usan el personal y la maquinaria de la compañía para ejecutar algunas obras y a quienes se les paga como si hubieran contratado personal aparte, y el de algunos compradores de sal que están pagando en efectivo, aunque el dinero supuestamente no está en la contabilidad. Para los denunciantes, estos hechos posiblemente afectaron las finanzas de la compañía.
En medio del cruce de señalamientos, algo que refuerza la versión de los actuales operadores es el balance general que dejó la anterior administración de la salina. Un estudio que hizo en 2009 la firma Trigono y que conoció El Espectador, reveló el déficit que arrastraba la empresa años atrás y la inviabilidad del negocio, en caso de no tomar acciones urgentes. Entonces se hizo la recomendación de aumentar el precio de venta de la sal y rebajar los costos operacionales, sobre todo de sus empleados en Bogotá; además, era clave hacer reparaciones de infraestructura y maquinaria por casi $10 mil millones.
En el informe se aseguraba que, de hacerse los cambios, se podría garantizar la producción de casi 400 mil toneladas de sal al año, incluyendo la sal artesanal que debían comprarle a los indígenas. Para entonces se hablaba de pérdidas cercanas a los $7 mil millones al año. Es decir, Sama recibió una empresa con serias dificultades, por lo que era evidente la necesidad de un operador privado que pudiera sacar a flote la empresa. A pesar de esto, no se ha podido elegir.
El último intento
El último intento frustrado por contratar al operador privado fue en febrero de 2010, cuando se abrió la licitación 001, en la que se estableció el pliego de condiciones para contratar a quien se encargara directamente de la empresa, bajo la condición de que el 75% de los empleados tenían que ser de la población, así como de un mínimo de producción anual y pagos sobre las ventas. En la licitación se anexaron los estados financieros de los últimos seis años, un peritaje, un diagnóstico y el listado de activos. Hubo tres empresas interesadas: Colsalminas Ltda., Brinsa e Interamerican Coal S.A. Los proponentes alcanzaron a hacer observaciones y la empresa a aclarar algunos términos del pliego.
Sin embargo, el 25 de mayo de 2010, la junta directiva conformada por la Alcaldía y los indígenas revocó el proceso. El motivo: que el comité de vigilancia del Gobierno aprobó los pliegos definitivos sin su autorización. “A pesar de la vigencia institucional de dicho comité, no es conveniente para la imparcialidad y transparencia del proceso que dicha decisión no la tomen los socios”, decía en el acta 003, conocida por El Espectador. Desde entonces está suspendido nuevamente el proceso.
“Acá lo que tenemos es un problema social dentro del actual órgano directivo de la empresa y que es el motivo de que la salina esté casi en la quiebra. Existe una pelea entre los representantes de los grupos indígenas que son dueños de parte de las acciones. El manejo que le están dando es casi de carácter personal y esto genera una mala administración. El problema es para la empresa, porque ahora que buscan a un operador privado, ¿quién va a querer meterse con una empresa con tanto lío interno?”, expresó una persona cercana a los directivos de Sama Ltda.
De acuerdo con la comunidad y los propios empleados, al comprobar que los que hoy administran la empresa no tienen conocimientos sobre el negocio, insisten en un operador privado. “La empresa está en la quiebra y no hay cómo procesar sal. Esta administración no ha producido ni una gota de salmuera y todos los clientes se han ido a comprar a otro lado. Por la crisis de Sama Ltda. se ha roto la columna vertebral de la economía de Manaure”, dijo un trabajador.
Los indígenas wayúu de Manaure y los empleados piden explicaciones. “Hoy lunes habrá una reunión que será como el día del juicio, en el que dialogarán el sindicato, la comunidad y los entes de control con los directivos, quienes tendrán que dar explicaciones”, concluyó el presidente del sindicato. Esta comunidad, que por años derivó su sustento del ‘oro blanco’ que se produce en La Guajira, espera que el Gobierno ahora sí les preste atención, con el único fin de que en los próximos años la empresa que fue orgullo de su región recupere su lugar y no tengan que cargar con el sabor amargo de que los malos manejos acabaron con su mina de sal.
Historia de conflictos
Detrás de la salina más importante del país hay una historia de conflictos. El que hoy los dueños sean las asociaciones indígenas y el municipio obedece a un proceso que comenzó a finales de los 80, cuando los wayúu de Manaure solicitaron al Gobierno la entrega de la empresa, que por casi 20 años había estado en manos de la IFI Concesión Salinas. En 1991 se firmó un acuerdo en el que se pactaba la creación de una nueva compañía de economía mixta, en la que el Ministerio de Desarrollo tendría el 51%, la asociación de autoridades tradicionales indígenas Sumain Ichi el 25% y la Alcaldía el 24%.
Ante el incumplimiento del Gobierno, una tutela de la Corte Constitucional ordenó en 1995 la creación de la sociedad. Sólo hasta 2002 se expidió la ley que autorizaba la creación de una nueva empresa. Fue en 2004, es decir, 13 años después del pacto, que ésta se creó mediante escritura pública. En ese momento el Ministerio de Desarrollo donó su participación a otras dos asociaciones indígenas: Waya Wayúu y Asocharma.
Condición incumplida
Entre las condiciones para la cesión estaba la contratación del operador privado. Como en 2007 aún no se había cumplido con ella, el Ministerio de Desarrollo cambió unilateralmente la escritura de la empresa y recuperó su participación. Esto dio origen a un conflicto que fue resuelto en un laudo arbitral en el que el juez calificó de ilegal la acción del ministerio y ordenó dejar en firme la escritura de 2004.
Desde entonces continúa la lucha por la autonomía de los indígenas en el manejo de la compañía, pero se mantiene firme, aunque incumplida, la condición de contratar a un operador privado.
Alexánder Marín Correa | Elespectador.com
