Esto significa que el Consejo de Estado dejó provisionalmente sin efecto jurídico el Decreto 1070 de 2009, en el cual se fijaba una prorroga para el proceso de liquidación del Instituto de Fomento Industrial IFI, quien a su vez se ha encargado de la administración, fabricación y comercialización de las sales que se producen en las Salinas Marítimas de Manaure, en los últimos años. Hay que señalar que desde el año 2003, se han expido 7 decretos en los que de forma sistemática, se ha venido prorrogando el término fijado para el proceso de liquidación del Instituto de Fomento Industrial (IFI). En ese sentido, el Decreto 1070 de 2009, estipula que “el proceso de liquidación de la entidad deberá concluir a más tardar el 30 de abril de 2009”. Mas sin embargo, el gobierno nacional prorrogó tal determinación hasta el 31 de enero del año 2010.
Diario del Norte estuvo dialogando con el líder wayuu Elmer Altamar Gómez, quien presentó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Decreto 1070 de 2009, y señaló que acudió al Consejo de Estado, porque los decretos expedidos por el Gobierno Nacional van en contravía de la Ley 773 2002 ò Ley Sama, puesto que se están lesionando gravemente los derechos de los wayuu, al prorrogar de manera sistemática la liquidación de IFI Concesión Salinas, y por ende la entrega total de los activos a la Sociedad de Economía Mixta Sama Ltda., cuya participación accionaria corresponde en mayor porcentaje a la comunidad indígena wayuu de esta zona del país. La Asociación Sumain Ichi tiene el 36%, Waya Wayuù 30%, Asocharma 10% y la Alcaldía de Manaure un 24%, de las acciones.
Según Altamar Gómez, “la acción de nulidad en un fallo definitivo, dejaría sin piso jurídico todas las decisiones adoptadas por la fiducia Fiducoldex, ya que es el resultado de un decreto expedido por el gobierno nacional desconociendo totalmente la existencia de la Ley 773 de 2002 (Ley Sama) y es claro que un decreto no puede estar por encima de una ley de la república”, puntualizó el accionante.
Esta acción de nulidad fue radicada por Elmer Altamar Gómez el pasado 20 de agosto en la ciudad de Bogotá, y la información sobre las actuaciones del proceso se encuentra publicada en la página web del Consejo de Estado, cuyo ponente es el magistrado Marco Antonio Velilla Moreno.
