Una nueva década se inicia bajo un nuevo gobierno en el orden del pensamiento liberal y neoliberal que tiene el deber de cumplir las tareas dejadas por el anterior gobierno de ocho años, que dejo una larga estela de corrupción reconocida en las acciones de los órganos de control del Estado, y dentro de ellas las acciones del Ministerio de Minas y Energía, tareas a cumplir con las grandes empresas petroleras y mineras entre ellas MPX, OMIMEX, PACIFIC RUBIALES, entre otras, palabras estas que ya hacen parte del lenguaje cotidiano de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Guajiros, concejales, diputados, representantes de la Cámara y senadores, aspirantes a cargos públicos, desempleados, obreros, desplazados, funcionarios públicos, autoridades militares y policiales, ambientalistas, periodistas, locutores, estudiantes y egresados de las universidades públicas y privadas, etcétera
La reflexión con sentido común y en el marco de la Razón por lo tanto son herramientas del ser humano que tiene claros los principios de la Dignidad, sin olvidar lo multiétnico y Pluricultural que somos quienes habitamos el territorio de grandes riquezas para otros, de allí nuestra responsabilidad de más de 500 mil personas con las generaciones futuras y con las presentes también, sin olvidar el legado de otros que nunca perdieron la virtud de la libertad y hoy no están entre nosotros y algunos nos resistimos a olvidar su legado, como lo fue: el Wayuu Coronel Pushaina y Gustavo Palmezano, para solo mencionar dos grandes virtudes de dos grandes culturas de la convivencia cotidiana
En esta segunda oportunidad de las empresas extranjeras, ellas se preparan a destruir a Maá, creando una nueva herida, con una nueva vía férrea y un nuevo puerto y la primera de ellas entonces aplicar un nuevo golpe al Rio más importante de los orgullosos Guajiros y Wayuu, (para unos el Calancala y otros el Ranchería), el uso de la razón nos conduce a actuar en forma ágil, audaz y en estado de emergencia ambiental, social, política, económica y cultural.
A finales de los años setenta en la primera gran herida a Maá, no teníamos organizaciones indígenas, asociaciones etc., tampoco egresados de la Universidad de La Guajira, y eran poquísimos los de cierta formación académica, solo teníamos el apoyo de los grandes sindicatos como Sintraelecol, Sintrasalinas y Asodegua, quienes elevaron su voz de protesta y coadyuvaron a la creación de Sintramorrison y Sintracarbon, pero también se encontraban voces altisonantes como Alberto Palmarrosa y Edgar Pimienta, de la nación Wayuu, sus voces fueron apagadas sin misericordia alguna al no reconocerse sus derechos humanos, y lo diferencial, mucho menos a los afro-descendientes.
Hoy, en un Estado Social de Derechos y de Bienestar Social, con derechos de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, con sentencias Judiciales a Favor de los Pueblos Indígenas y Afro- descendientes (Sentencia T-025 y sus autos 004/005) acompañados de sentencias judiciales sobre los derechos fundamentales de la Ley 21 de 1991 que legitima el Convenio 169 de la OIT, donde están expresos los Derechos Civiles y Políticos, y además los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y además se han creado sub-reglas de obligatorio cumplimiento.
Los representantes del Pueblo obedecen sin protestar ya que sus cerebros no conocen más que una lógica, se debe tener un gobernante y ese gobernante debe gobernar, el gobierno anterior no aplicó el Estado Social de Derecho, pero el actual manifiesta querer aplicarlo, más sin embargo en La Guajira, no se aplica la normatividad de derechos de los Derechos Humanos como se puede apreciar en la pretensión de desviar el mayor afluente de agua dulce, que alimenta a las aguas subterráneas y todo un ecosistema muy frágil por cierto, y además hace parte de la despensa de las familias Wayuu en sus labores de pastoreo provenientes de la Alta y media Guajira, debemos por lo tanto tener cuidado que la gobernabilidad no se puede descuidar ya que los funcionarios públicos no se pueden convertir en peones indefensos de las entidades privadas que hieren y asesinan a Maá, nuestra madre.
Ciudadanos de bien, aquellos que aun que no se han dejado corromper la dignidad entregando los bienes de nuestro territorio para que se coloquen en bancos extranjeros o centrales, aquellos que se resisten a no tener un carácter servil, y quienes han nacido para obtener una mayor comprensión de la personalidad humana, de los que nutren el autoestima Wayuu, de los que aprenden la responsabilidad de la vida, quienes se han resistido ante los embates de aquellos que han sido despojados de toda iniciativa, estamos llamados a desarrollar la aplicación de la Ley 99 de 1993, que expresa:
ARTÍCULO 1o. PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES. La Política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:
1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.
Esta normatividad es posible cumplir y por lo tanto no veo viable que se permita el desvío del mayor afluente para beneficiar la acumulación de capital del Cerrejón.
Nosotros miembros de la Nación Wayuu, ustedes ciudadanos Guajiros, afros-descendientes, que hacemos parte de la función pública, y propietarios ancestrales de los bienes que están bajo el dominio de nuestra propiedad para el Uso, Goce y Usufructo para el bienestar social, no podemos ser laxos en el ejercicio de la funciones de lo público para el bienestar de empresas que se llevan los bienes usufructuados de manera licita e ilícita, de allí la importancia de la dignidad en defensa de nuestros bienes, por lo tanto es necesario aplicar el principio de la solidaridad del funcionario público a favor de la población vulnerable entre los más vulnerables, también de los que no somos funcionarios públicos en alertar a la población vulnerable a quienes se les quiere afectar desviando el curso del mayor afluente nuestro.
Les invito al uso del sentido común: los bienes son para aquellos que tienen el dominio de la Propiedad y por lo tanto el derecho al uso, goce y usufructo para el bienestar social, por lo tanto el mayor afluente no puede estar al servicio de quienes colocan el usufructo de los bienes ajenos a su beneficio en sus propios bancos a miles deKilómetros de Riohacha, Chancleta, o Lomamato.
Todos nosotros más de quinientos mil personas entre hombres, mujeres, niños y niñas, wayuu, afros-descendientes, guajiros, Zenus, Wiwas, arhuacos y miembros de la sociedad nacional, funcionarios públicos, debemos enaltecer nuestros principios de Dignidad y hacer causa común en contra de los intereses del capital privado extranjero, y en contra de los beneficiarios secundarios del usufructo de nuestros bienes que están en el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y otras entidades gozosas de lo que es nuestro de acuerdo al estado social de derecho donde nos encontramos.
Atentamente:
Armando Valbuena Goauriyu.
Sabio Indígena de la Humanidad Unesco 2009.
armandogoauriyu@yahoo.com.mx
